Dado que apoyan el aumento de las políticas de RSE de las empresas, las estrategias de compras responsables también pretenden promover una nueva forma de relacionarse con los proveedores.

Según el último barómetro ObsAr (Observatoire des achats responsables u Observatorio de Compras Responsables), el 59% de los departamentos de compras ha hecho de la mejora de las relaciones con los proveedores una parte esencial de su proceso de compra responsable. «La relación con los proveedores es una cuestión clave en el contexto actual, tanto para los contratistas como para los propios proveedores», confirma Fanny Bénard, vicepresidenta de ObsAr.

Normas internacionales que guían la relación con sus proveedores

Este barómetro ilustra la tendencia general observada en el mercado mundial. Este es en gran medida el tema abarcado por la norma internacional ISO 26000, dedicada a la responsabilidad social de las empresas y, más concretamente, por la norma ISO 20400, creada en 2017 como ampliación de la anterior.

Además de certificar la aplicación de una política de compras responsable, la norma ISO 20400 tiene por objeto permitir a las empresas y organizaciones de todos los tamaños, tanto del sector público como del privado, implicar a todos sus proveedores más allá del nivel 1 en un proceso similar. De hecho, una vez que las organizaciones empiezan a tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de compra, influyen en toda su cadena de suministro, cambiando hacia prácticas más responsables. Las empresas que desean mejorar sus resultados en materia de RSE mediante un proceso de compras responsables no pueden lograrlo sin la participación de todos los agentes de su cadena de suministro.

A través de estas normas, se anima a las empresas a desarrollar la relación que tienen con sus proveedores. El objetivo claramente establecido es promover el desarrollo de las relaciones de asociación entre los directores y los proveedores, en una relación en la que todos salgan ganando en interés del desarrollo sostenible, la ética y la preservación del medio ambiente.

Hacia una nueva estructuración de los riesgos de proveedores

El reto actual ya no consiste en que los compradores basen sus decisiones de compra en el único criterio del precio y la capacidad de entrega del producto, sino en el coste de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta también los costes de uso, adquisición y fin de vida. Así podrá determinarse el «coste total de la propiedad». Esta noción, además de los riesgos y beneficios que conlleva para la empresa, incluye el impacto medioambiental, societario y social de las condiciones de fabricación y uso del producto en cuestión. Por ello, es importante establecer un nuevo mapa de riesgos de proveedores basado en criterios de RSE.

Hay cuatro aspectos importantes que determinan el seguimiento de los proveedores en materia de RSE:

• Gestión medioambiental de todo el proceso de diseño y fabricación del producto;

• Condiciones de trabajo, en particular el respeto de los derechos humanos fundamentales, la ausencia de discriminación, la prohibición del trabajo infantil y el respeto por las normas de seguridad;

• Dimensión ética de la empresa, en particular la ausencia de corrupción, el respeto por las normas de competencia y el seguimiento de las normas de comercialización responsable;

• Ampliación del control de los proveedores de nivel 2 y 3 para garantizar que las normas de compra responsable se apliquen a todos.

Del deber de predicar con el ejemplo…

En un reciente estudio dedicado a las relaciones entre clientes y proveedores en el marco de la RSE, la consultora PwC informó de que más del 70% de los proveedores son contactados regularmente por sus clientes en relación con temas de RSE, especialmente en el momento de las licitaciones. La mayoría de los proveedores (el 61%) piensa que las peticiones de RSE de sus clientes hace que mejoren su oferta y puede representar una fuente de nuevas oportunidades.

Este marcado interés por parte de sus clientes anima a los proveedores a establecer también sistemas de seguimiento de los resultados de RSE de sus propios proveedores. Por otro lado, reclaman una mayor implicación por parte de los grandes clientes para ayudarles a promover mejor sus propios resultados en materia de RSE a través de los precios de venta de sus productos y servicios.

Hay que reconocer que casi la mitad de los proveedores (el 49%) afirma haber observado mejoras en la relación entre compradores y proveedores en los últimos años. A pesar de todo, lamentan que las exigencias en materia de RSE de los operadores más grandes no siempre sean coherentes con sus prácticas, sobre todo en cuanto a la presión sobre los precios o las condiciones de pago. El desequilibrio en las cláusulas contractuales y las modificaciones unilaterales de los contratos también se identifican como áreas en las que todavía cabe progresar.

En general, se expresa un deseo de apoyo adicional. Este apoyo puede adoptar las siguientes formas:

• Definición de un plan de acción conjunto entre contratistas y proveedores;
• Establecimiento de reuniones de seguimiento de este plan de acción;
• Celebración de talleres de formación dedicados a la RSE;
• Intercambio de contactos y acciones en red para poner en común los esfuerzos dedicados a la RSE;
• Incentivación y medidas de compensación;
• Apoyo financiero.

Los proveedores también reclaman más transparencia por parte de los contratistas. Por ejemplo, piden que se comunique la ponderación de los criterios de RSE durante las licitaciones, o que haya más comentarios de los clientes a las respuestas relativas a la RSE proporcionadas durante estas licitaciones. En general, los proveedores esperan que sus clientes adopten también una postura ejemplar.

…A la diligencia debida

El estudio de PwC se centra sobre todo en el mercado francés, pero ilustra también, sin duda, las grandes tendencias generales, que van mucho más allá de las fronteras de este país. La diligencia debida se introdujo en el derecho francés en febrero de 2017 para todas las empresas francesas con más de 5000 empleados y para todas las empresas con más de 10 000 empleados en Francia, pero cuya sede social se encuentre en otro país. Este requisito de diligencia debida tiene por objeto prevenir los riesgos medioambientales y también los relacionados con los derechos humanos o la corrupción, que pueden afectar a todas sus actividades, así como a las de sus filiales, tanto en Francia como en el extranjero. Los eurodiputados también planean seguir el ejemplo francés y ampliar la diligencia debida a todas las empresas europeas. El objetivo es apelar a la responsabilidad de las empresas cuyos proveedores se muestran poco escrupulosos en el respeto de los derechos humanos, sociales y medioambientales.